Según investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en torno a la privación de la libertad y posterior hallazgo sin vida de Cruz Soto Caraveo, han determinado que el fallecido contaba con una amenaza y su muerte está relacionada con una traición que le realizó a Noriel P. G. “el Chueco”, un líder criminal del Cártel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara, a quien había entregado unas tierras en el año 2013.
Dentro de la información que concentró la Fiscalía General del Estado, fue que en ese año, Cruz Soto entregó algunas hectáreas de tierra ubicadas en Monterde, a su primo Carlos Hugo Soto Lucero conocido como “el Calín”, a fin de que las rentaran para la cosecha de droga, en especial marihuana y amapola, donde tendrían una serie de pagos mensuales por prestar ese espacio al grupo criminal que opera en dicha zona.
Tanto Cruz Soto como su primo Carlos Soto Lucero, recibieron varios pagos por prestar estos espacios al grupo criminal, toda vez que llegaron a dicho acuerdo en el que Cruz decidió entregar el espacio a su primo para que a su vez los rentara a Noriel P. G. quien estuvo cosechando varias hectáreas de droga.
En ese tiempo Cruz Soto abandonó sus tierras y cambió su domicilio a la ciudad de Chihuahua, mientras su primo Carlos “el Calín” se hizo cargo del arrendamiento de las tierras, donde “el Chueco” y su gente estuvieron produciendo droga por unos años, hasta que Cruz y su primo tuvieron un conflicto por el cual quiso deshacer el trato.
Dentro de la información que obtuvieron los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, fue que Cruz quiso deshacer el trato que tenían con el crimen organizado, incluso para terminar con la presencia de los narcotraficantes denunció ante el Ejército a los delincuentes, por lo cual destruyeron todos los sembradíos de “el Chueco” en este espacio que le rentaba la familia Cruz.
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A partir de ese momento Cruz Soto fue catalogado como un “traidor”, según algunos mensajes y diversas acusaciones que hicieron los criminales y que las autoridades documentaron de los hechos, donde pidió a los militares que destruyeran la droga del Cártel de Sinaloa, por lo cual decidió no regresar a Monterde ubicado en el municipio de Guazapares, de donde era originario.
Tras el temor que mantenía por las amenazas del grupo criminal por haberlos “traicionado”, Cruz Soto comenzó a buscar respaldo en organizaciones derechohumanistas para buscar una protección por supuesta desplazamiento de tierras por parte de grupos criminales, a lo cual lo habría integrado el Cedehm y lo incluyó en una solicitud para ser considerado como desplazado.
Sin embargo, dentro de los archivos privados de Cruz Soto no se documentó que fuera activista o que realizara alguna actividad relacionada con la protección de derechos humanos, por lo cual la Fiscalía General del Estado no lo tenía contemplado como tal y sólo investigaba la privación de la libertad que surgió el pasado 13 de octubre.
Por otra parte, en el año 2018 Carlos Hugo Soto, “el Calí”, de 39 años de edad, fue asesinado por un grupo de sujetos armados, y también ya era buscado por elementos de seguridad, toda vez que contaba con una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, los criminales decidieron terminar con su vida por las diferencias que surgieron al momento de terminar la relación de negocios que mantenían.
Ese mismo año, el mismo grupo criminal intentó asesinar a los sobrinos de Cruz Soto, Ricardo Quezada Valenzuela y Raúl Quezada Agüero, el día 28 de agosto, a quienes acusaron de ladrones y traicioneros, según los informes concentrados por la Fiscalía General del Estado toda vez que en ese lugar abandonaron un mensaje en el que explicaban que el ataque se debía por “ratas y traicioneros mitoteros”, seguido a una amenaza directa a Cruz Soto, que el 19 de octubre de 2019 tuvo efecto en Témoris.
El día 12 de octubre, Cruz Soto y otro acompañante partieron de la ciudad de Chihuahua a Témoris, para acudir el día 13 a una reunión en la Presidencia Municipal, con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se trataría el tema relacionado con la entrega de apoyos.
Al intentar regresar a la ciudad de Chihuahua, y el grupo criminal al obtener la información de que Cruz Soto había regresado a la sierra, se trasladaron seis sujetos a Témoris, donde lograron interceptar su vehículo, se lo llevaron esposado y tras ocho días de no saber nada de él, el 19 de octubre por la tarde lo encontraron a 10 kilómetros de Témoris.
La Fiscalía General del Estado desde el inicio de su desaparición supo que el responsable sería “el Chueco”, quien hace más de tres años lo estuvo esperando para que pagara con su vida por la traición que le había hecho y las mentiras que había dicho a las autoridades y opinión pública, al intentar exponerse como una víctima desplazada de la zona serrana.
El cuerpo de Cruz Soto presentaba impactos de arma de fuego, y durante el día de ayer fue entregado a los familiares, quienes se harán cargo de la ceremonia fúnebre y organizar el último adiós en Monterde.
Interpuso denuncias contra el narcotráfico
Cruz Soto Caraveo y su familia huyeron de su tierra en el 2014, cuando un grupo delictivo asesinó al comisario ejidal de Monterde, Alejandro Soto, quien era hermano de Cruz. Tras este homicidio cerca de un centenar de personas dejaron sus viviendas. Se convirtieron en desplazados por la violencia, luego de haber emprendido la denuncia por la situación que priva en la Tarahumara a manos de grupos del crimen organizado.
La última ocasión, en que Cruz Caraveo, al igual que otras familias en desplazamiento forzado demandaron la aprehensión del grupo criminal que opera en la zona, fue el 22 de marzo de 2019, en el marco de la revisión de medidas cautelares de El Manzano, donde denunció las amenazas sufridas y exigió la atención del caso de Monterde y de El Manzano en Uruachi.
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La denuncia la hizo frente al titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de personal de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado.
Cruz Soto Caraveo era integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, quien el sábado 12 de octubre, Cruz Soto viajó a la localidad de Témoris, en el municipio de Guazapares. Salió de la ciudad de Chihuahua, donde es apoyado con su familia con una vivienda temporal. Al siguiente día, después de reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de gobierno federal, en la Presidencia Municipal, fue privado de su libertad junto con otro hombre que lo acompañaba.
Ambos se dirigían en una camioneta a la comunidad Los Llanos, en el mismo municipio, cuando hombres armados que no se identificaron, los obligaron a descender del vehículo, los esposaron y se los llevaron, informó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que lleva el caso de desplazamiento forzado.
Cruz era propietario de un rancho donde se dedicaban a cosechar manzana, un día llegaron los integrantes del crimen organizado exigiendo las tierras para el cultivo de droga. Al negarse, firmó su sentencia de muerte.
Su hermano fue secuestrado y posteriormente asesinado en el 2014, desde entonces las amenazas crecieron y un día en la noche huyeron del rancho, se refugiaron en Chihuahua. Un año después pusieron la denuncia ante la FGE, con la esperanza de que se actuara y pudieran restituirle su patrimonio.
El Cedehm recordó que en agosto de 2018, los integrantes de las comunidades de Monterde y de El Manzano, del municipio de Uruachi que también se encuentran desplazados, regresaron a sus casas con resguardo de la Policía Estatal de Chihuahua. Poco más de 24 horas después localizaron el cuerpo de un hombre que era familiar de la esposa de Soto Caraveo. El cuerpo del hombre asesinado tenía un mensaje escrito, en el que amenazaba de muerte a Cruz Soto Caraveo, por acusar de manera activa la situación de la zona de la Tarahumara, sentencia que se cumplió.
Las autoridades estatales fincan responsabilidad sobre la desaparición a Noriel P. alias “el Chueco”, líder del grupo criminal Gente Nueva vinculado al Cártel de Sinaloa.
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