GUADALAJARA. La Universidad de Guadalajara (UdeG), universidades privadas y autoridades firmaron el Acuerdo por la Paz, donde reconocen el conflicto como un estado permanente que ha permeado a la sociedad ocasionando violencias directas, culturales y estructurales que inciden en la problemática de inseguridad que se vive en el estado de Jalisco.

Aceptan que el compromiso es con las y los jaliscienses, por lo que se fijaron objetivos compartidos para transformar la cultura hacia una nueva visión de paz en el amplio respeto de los derechos humanos, basados en el respeto, comprensión y solidaridad, así como conscientes que los principios de igualdad, libertad, justicia y democracia son la base para la construcción de paz.

En el marco del 71 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el rector de Centro Universitario de Tonalá, José Alfredo Peña Ramos, indicó que el espacio universitario es un actor fundamental para el ejercicio de la paz.

“Hemos pensado que nuestro centro debe ser un centro de paz en sus más altas dimensiones o tiene que ser un actor fundamental en la producción de la paz que tanto urge al mundo en el que actualmente vivimos”, esto para entender y transformar la realidad en que se vive, expresó el rector.

Hoy, dijo, la universidad pública se compromete con las causas que llevan a tener una vida digna del ser humano: “Firmamos un acuerdo que, obliga y nos incentiva a la colaboración más que un deber jurídico, establecemos un deber moral”, apuntó.

En el centro multitemático del CU Tonalá, el alcalde Juan Antonio González Mora dijo que éste es el primer municipio garante de la paz, y sostuvo que "hoy la política pública está encaminada a la gobernanza.

“Trabajamos un plan desarrollo territorial y plan de desarrollo en materia de planeación y gobernanza (...) hoy tiene ejes rectores en materia de paz”, señaló.

El Decálogo por la Paz establece diez acciones, entre estas: incorporar la educación por la paz; fomentar el desarrollo económico, social y cultural; reconocer la dignidad humana como principio fundamental del respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos, fortalecer los procesos de gobernanza y participación, y por una justicia alternativa.