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XOXOCOTLA, Mor. A tres años y siete meses de que por decreto fue creado el municipio indígena de Xoxocotla, en el poblado impera la ingobernabilidad tras una álgida disputa de dos grupos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada y con el Gobierno de Morelos, revelan vecinos, quienes entre el miedo y la indiferencia deciden mantenerse al margen.
Los habitantes advierten que el pueblo se ha declarado sin ley. No es algo nuevo. Por décadas acostumbraron a cerrar la carretera Alpuyeca-Jojutla para exigir a las autoridades respuesta a sus demandas.
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Bastaba eso para que les resolvieran y desde entonces no han cambiado las cosas. Al municipio indígena lo atienden cuando se manifiesta, levanta la voz y toma carreteras. De hecho, desde finales de los 80 la policía ni se atrevía a entrar a ese lugar.
Una mujer mayor, quien pide omitir su nombre, asegura que durante años no hubo autoridad que valiera: “La gente se acostumbró a hacerse justicia por mano propia, a mí me mataron a dos de mis hijos y luego otro buscó venganza y para que no lo mataran se fue, no lo he vuelto a ver, no sé si vive o ya no, solo me quedé con mis hijas”.
La gente se niega a ser entrevistada en torno al severo problema de inseguridad, pues reconocen que han recibido amenazas.
A principios de año, los comerciantes se organizaron para colocar cámaras de vigilancia y pusieron lonas en las que advierten que están dispuestos a “linchar” a los delincuentes. Aseguran que desde principios de año repuntaron las amenazas, extorsiones e incluso los intentos de cobro de piso.
Justo el 11 de enero fue asesinado el presidente municipal de ese municipio, Benjamín López Palacios. Dos meses después, sujetos armados dieron muerte al segundo al mando en el gobierno local, el secretario municipal Manuel Jiménez Ponciano.
Por si todo lo anterior fuera poco, las colonias y cabecera de este municipio indígena se quedaron sin policía preventiva desde noviembre de 2021, una vez que los dio de baja el Consejo Municipal que presidió Leonel Zeferino Díaz. Sólo una unidad de la Coordinación Estatal de Seguridad hacía rondines sobre la carretera.
Para luchadores sociales, agrupaciones promotoras de la cultura y las artes, está claro que hay grupos externos, no solo del crimen organizado, sino también del Poder Ejecutivo estatal, que a toda costa quieren controlar a Xoxocotla.
“La creación de los municipios indígenas es un proyecto gubernamental, eso no nació de la gente, no fue una demanda de la comunidad; si creemos ese cuento nos estaríamos engañando”, manifiesta Marco Antonio Tafolla, del Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistlli. Y agrega: “Lo que importa es cómo le vamos a hacer para que les lleguen los beneficios, no de las disputas electorales, sino a través del derecho colectivo del municipio indígena”.
Lamenta que en los tres años del Consejo Municipal indígena no se sentaran las bases del gobierno y trabajaran sin una ley de ingresos y egresos propia. Tampoco se hicieron consultas ni ordenamientos propios, es decir, falta mucho por hacer y en medio de pleitos nadie deja gobernar a nadie.
DENUNCIAN PACTOS CRIMINALES
Varios maestros de la localidad, quienes han preferido mantenerse al margen de toda la vorágine política desatada, denuncian que un grupo político pactó con delincuentes porque tal parece que había una sucesión declarada en el poder.
Como evidencia citaron el control de la tesorería municipal a cargo de Jaime Emilio Sánchez Ramírez, del ala política de Julio Espín Navarrete, exdiputado del PRD en Morelos, a quien acusan de derrochar recursos de dudosa procedencia en su nuevo partido “Morelos Progresa”.
Incluso un grupo de ejidatarios del municipio indígena considera que “hay grupos externos y esa es una realidad, de ahí que será muy importante evidenciar la injerencia de la delincuencia organizada” en el control de ese poblado.
“Ni el Gobernador, que no es de Morelos, ni sus subordinados en dependencias de gobierno han puesto interés en los municipios indígenas que recibieron. Se les fueron tres años sin asesorarlos, sin poner reglas claras, a tal grado que incluso Hueyapan no aparece en el mapa, se quedó sin presupuesto”, afirma uno de los gestores agrarios de Xoxocotla.
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El primero en hablar abiertamente sobre la injerencia de la delincuencia organizada en Xoxocotla, justo después del asesinato de Benjamín López Palacios, fue el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara.
“Fue por pugnas políticas, donde sin duda el fondo del asunto para privarlo de la vida está relacionada con la delincuencia organizada”, dijo entonces.
De los nombres relacionados con las células del crimen organizado que han sido citados por regidores como Vidal de Dios Huerta y Sarath Pancarta, señalan a Silvano Rivera (pariente de la síndica Silvia Herrera Rivera) y Silverio Díaz.
Incluso advierten que responden a intereses de grupos políticos externos como el de Julio Espín y a quienes se les relaciona con la muerte de Benjamín López Palacios, Manuel Jiménez Ponciano y Epifanio Juárez.
También afirman que hay un grupo de choque que se va con el mejor postor y que ha hecho destrozos en la capital morelense, Cuernavaca, y donde nadie les hace ni dice nada, pues aseguran que son protegidos del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
LAS CONSECUENCIAS DE SER OPOSITORES
A Xoxocotla le han cobrado muy caro la factura de haberse opuesto a un aeropuerto, de estar en la lucha de los pueblos por la defensa y el derecho al agua, de respaldar la lucha de los maestros contra la Reforma Educativa y ahora contra los megaproyectos como el gasoducto y la termoeléctrica en Huexca.
Sin embargo, los problemas no acaban ahí. Al agitado panorama político y social que vive Xoxocotla se le agregan las demandas que han interpuesto la regidora Cristina Benítez Ángel y la síndica Silvia Herrera Rivera por violencia política y de género, a las cuales se suman otras ante la Fiscalía General del Estado por amenazas y una más del expresidente municipal, Raúl Leal Montes, por presunto peculado contra el alcalde actual, Abraham Salazar Ángel, quien rechaza tales acusaciones.
“A Xoxocotla no le llega presupuesto mensual, no llegan ni cinco millones de pesos”, dice Salazar Ángel, quien espera que la Auditoría Superior esclarezca todas las irregularidades que hubo con sus antecesores desde el periodo de Leonel Zeferino.
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